CUBA COVID-19: VACUNAS Y CIUDADANÍA

Las noticias de la mañana traen novedades.

El martes 11 de agosto las autoridades rusas anunciaron el registro de la vacuna Sputnik V y la preparación para su producción en varios países a partir de noviembre. Ayer jueves 13 de agosto las autoridades mexicanas anunciaron haber alcanzado un acuerdo con AstraZeneca, la Universidad de Oxford y la Fundación Carlos Slim para la producción en el país de otra vacuna contra el coronavirus.

Los que anuncian las vacunas aseguran producciones para noviembre, motivaciones altruistas, y el deseo de contribuir con sus resultados y las prisas a solucionar el problema de la pandemia.

Inmediatamente la prensa (BBC, CNN, Washington Post, New York Times), se hizo eco de varias preocupaciones, y con el habitual apetito por lectores e impactos, se situó a favor o en contra con base en análisis en su mayor parte superficiales, y con clara dependencia con respecto a las  preferencias políticas de los círculos a cuyos intereses responden, así como una especie de histeria anti rusa, lo cual no es un problema menor si consideramos la histórica confrontación, los ecos de la guerra fría, y el evidente desprecio a la historia de la ciencia soviética y rusa en el tema de las vacunas. Algunas como la CNN no vacilaron en interpelar al público al estilo de las peores campañas políticas que estigmatizan: ¿Confiarías en una vacuna de Vladimir Putin? Otras fuentes se limitan a informar el asunto sin mayores comentarios. 

El resultado de todo esto no podía ser peor. La ciudadanía es movida de una incertidumbre preexistente por la pandemia, a una nueva incertidumbre con respecto a lo que se propone como solución. Se contribuye con ello de forma irresponsable a las ansiedades, miedos y caldos de cultivo para las creencias antivacunas, el rechazo a la ciencia, y la desviación de la atención de lo fundamental: ¿cómo actuar y con qué contamos para actuar de manera que no se comentan errores en una carrera por llegar primero con las vacunas exitosas?

Una vez más la ciudadanía queda expuesta a la banalización y politización de una cuestión crucial para cada persona, y de la que deberíamos estar informados para formarnos un criterio con base en valores, razonamientos y evidencias.

Les propongo un breve recorrido como introducción general a este asunto, que seguramente estará en el centro de la atención mundial en las próximas semanas y meses. Quizás debamos volver sobre él próximamente. 

Comencemos por las nociones básicas sobre la ciencia y la tecnología, para continuar con el problema central de la democracia cognoscitiva y comunicacional, las razones para las prisas y sus límites, así como el papel que corresponde a varias instancias que tienen el deber cívico de pronunciarse para ser escuchadas.

Ciencia, tecnología

La ciencia y la tecnología marchan hoy estrechamente unidas, pero debemos distinguirlas bien y reconocer su diferencia.

La ciencia ha desarrollado mecanismos propios para evaluar los conocimientos que produce. Estos últimos son suficientemente efectivos para considerar absurdo que se cuestione desde conocimientos cotidianos el conocimiento científico ya validado. No es que la ciencia esté por encima de la ciudadanía o la sociedad, sino que el primer eslabón de la cadena consiste en corroborar si desde el punto de vista del estado de los conocimientos científicos ya establecidos, lo nuevo está suficientemente validado y completo. Y para eso es necesario situarse en el campo de la ciencia y no fuera de él.

La tecnología actual, por su parte tiene también sólidas bases cognoscitivas relacionadas con la ciencia y sus métodos, pero sus resultados pretenden estar en función de la sociedad de una manera más inmediata. De esto resulta que, a diferencia del conocimiento científico, no basta con que esté validado su conocimiento para que la sociedad acepte o utilice una tecnología.  Un resultado tecnológico necesitará siempre de la aprobación social para su uso, y esta se hará tomando en cuenta criterios de la ciencia, pero también de todo el universo social y cultural, por lo que en una misma época, las decisiones podrán ser diferentes y válidas, en contextos incluso cercanos.

En síntesis, que si es absurdo cuestionar por ejemplo, una ley física sin ubicarnos en el terreno del conocimiento científico y la física, tiene todo el sentido del mundo que una sociedad decida utilizar una tecnología o no, aunque aquella tenga todo el aval de conocimiento validado. De manera que aunque tenga en su base un conocimiento válido, el uso de una tecnología depende no solo de ellos, sino también de las consideraciones sociales sobre su utilidad y la valoración de los impactos que causará en una sociedad en específico, o en parte de ella.

Esta es una diferencia fundamental para comprender la cuestión de las vacunas. No corresponde a los políticos, los periodistas o a la sociedad decidir si una vacuna está o no bien elaborada, o lista para ser utilizada. Para eso existen instancias competentes dentro de la academia científica, regulaciones internacionales, instancias regulatorias constituidas a nivel nacional e internacional. Son ellas en su conjunto, quienes deben valorar las evidencias que pongan sobre la mesa los autores de las vacunas, corroborar si los procedimientos y procesos se han cumplido dentro de los marcos que garantizan la calidad del resultado que se evalúa. Y una vez establecida la verdad científica al nivel de los estándares aprobados, corresponde al resto de las instancias políticos sociales y a la sociedad en su conjunto tomar decisiones con base en esos conocimientos, así como valorar la necesidad y utilidad de usar en la práctica lo alcanzado. En el caso de las vacunas, por ejemplo optar por esta o por aquella, por una o por más de una.

Las vacunas ni son nacionales, ni responden al nombre de los gobernantes de turno, ni deberían tratarse con el irrespeto actual, o llamar rusa una vacuna, que ha sido creada por un equipo de científicos de determinada nación, pero con base en sus aportes y el estado del conocimiento de la ciencia contemporánea. De ninguna manera una vacuna debería ser objeto de propaganda para la creación de esperanzas que todavía no se soportan en evidencias disponibles para la comunidad académica y el mundo.

En el caso de estas dos vacunas, queda un recorrido para que su calidad a nivel de verdad científica sea corroborada y mostrada. Hay evidencia de que son buenos candidatos, pero no más que eso. Hay todavía procesos a realizar, y sería un grave error si se pone a disposición del público alguna de ellas sin estar agotadas las pruebas en el nivel que establece la normatividad tanto nacional como internacional.

Las razones para las prisas

Vacunas que lograsen la inmunidad a corto plazo y cortasen la propagación del virus son altamente deseables, pero la pandemia por sí sola no justifica las prisas actuales. Las prisas responden también a razones económicas y políticas, y a un conjunto de intereses muy variados. Entre ellos se encuentran la intensa competencia entre varias vacunas en proceso de elaboración, los intereses públicos y privados predominantes en la carrera actual, los recursos y esfuerzos invertidos.

A las preocupaciones éticas que despiertan las prisas, la forma de propaganda política del primer anuncio de la vacuna con el nombre Sputnik V, se añade la información de que AstraZeneca, “recibió protección a futuras demandas por efectos secundarios que pudiera ocasionar la vacuna en varios países, aunque no se sabe a ciencia cierta cuáles son estas naciones” (minuto 2:46). No es una cuestión ética menor, la evidente falta de autocrítica de unos y otros, pues hasta el momento, el público para informarse, necesita acceder a fuentes muy diversas y encontrar en cada extremo las críticas al otro. 

Es una situación típica de falta de democracia cognoscitiva y comunicacional.

¿Democracia cognoscitiva y comunicacional?

La sociedad emergente de la modernidad europea se caracteriza de manera generalizada por la falta de democracia cognoscitiva y comunicacional. Este concepto aportado por el filósofo francés Edgar Morin expresa la situación actual, en que el poder del conocimiento está depositado en los expertos.

La falta de democracia cognoscitiva y comunicacional se debe a un conjunto de condiciones objetivas, entre ellas, que la mayoría de la ciudadanía carece de conocimientos para comprender, juzgar y decidir sobre cuestiones científicas y tecnológicas; la existencia de una división del trabajo que especializa para bien, y nos asigna funciones sociales específicas a partir de nuestro desempeño especializado dentro de la sociedad. Pero también a condicionamientos objetivados, pero muy dependientes de la institucionalidad establecida y los poderes dominantes, como son la apropiación de la verdad por instituciones públicas y privadas, los desbalances de poder y las hegemonías comunicacionales, los sesgos que establecen los intereses a que responden los medios, y las instituciones globales y locales.

Trabajar por la democracia cognoscitiva y comunicacional no significa emprender un camino imposible o anticientífico. Ya se ha avanzado mucho desde los años setenta del siglo XX a la actualidad en favor de una comunicación más efectiva y clara, el establecimiento de compromisos éticos y para hacer visible la responsabilidad. La comunidad científica es un buen ejemplo de compromiso ético, y también una parte importante de los Estados, y dentro de ellos las diversas instituciones de carácter regulatorio, así como las universidades y otras organizaciones sociales. Es por ese camino que se puede recabar una información más ponderada, clara y puesta al servicio de la ciudadanía. Es decir, hay vías institucionales y sociales que contribuyen a esa democratización.

Por otra parte, como ciudadanos, las personas tenemos el deber y el  derecho de exigir que se nos presenten de manera clara resultados y argumentaciones. En el caso de las dos vacunas que nos ocupan, ambas entrañan penumbras no esclarecidas a la ciudadanía y procesos inconclusos en grados diferentes. 

¿Es aceptable introducir en la práctica un resultado científico incompleto? No, pues sería mala ciencia. 

¿Dentro de qué límites sería válido acelerar los procesos y hacerlos simultáneos en las últimas etapas? Un proceso rápido o en el límite de lo permitido no es una transgresión inaceptable. Debe ser revisado. No se excluye desde el punto de vista científico y ético la posibilidad de acelerar procesos en determinadas condiciones,  pero su valoración no debería depender ni de periodismo especulativo ni de decisiones políticas y justificaciones de lo hecho. Deberá por el contrario estar centrado en el conocimiento científico, en las instituciones reguladoras y otros actores académicos que garanticen la buena ciencia, por una parte. Y por otra, es necesario no que se declare, sino que se demuestre que los resultados se encuentran en un grado de elaboración que garantiza seguridad y posibilidad de éxito. 

No es menor en esta relación de prioridades, la estimación de cuán real es la urgencia de contar con una vacuna. Para una primera mirada es urgente porque mueren personas todos los días durante la pandemia y este es un hecho a considerar indudablemente. Pero se necesita dar un paso más a lo profundo de una evaluación global de la ponderación riesgo-beneficio para saltar etapas en procesos que durante años han garantizado la calidad de las vacunas con que cuenta la humanidad. 

Finalmente, y no en último lugar, una vacuna preventiva se aplica en personas sanas, de manera que al valorar las prisas y evaluar los riesgos es necesario considerar también la correlación de riesgos de contraer la COVID-19 versus riesgos de aplicar una vacuna elaborada forzando los límites de los procedimientos establecidos. La justificación de las prisas y el reconocimiento de sus límites no es un problema trivial y debe ser atendido con máxima seriedad.

Por otra parte, las sociedades deberían estar informadas acerca de las cláusulas de los contratos, y muy especialmente de aquellas que versan sobre la responsabilidad de quienes han participado en la investigación y la producción. Las cláusulas de ese tipo no solo resultan éticamente cuestionables, sino que en la forma específica podrían contravenir las normas internacionales establecidas.

Sobra con el ejemplo de la talidomida y sus consecuencias para tener certeza de que descuidar las  garantías de buena ciencia tras un medicamento o una vacuna, es un lujo que no nos podemos permitir como humanidad.

Habilitar a la ciudadanía para comprender estos problemas no es imposible, no se reduce a un acto de información generosa, ni es algo de lo que se pueda prescindir. Se necesitan acciones informativas y educativas. Además, a pesar de todos los desbalances y problemas, el nivel de instrucción en el mundo actual permite y demanda que las personas sean informadas en su nivel de comprensión y no mediante argumentaciones incompletas y fallidas, sino con base en aquellas que respondan al estado de los conocimientos de la manera más amplia y consecuente posible.

La argumentación bien estructurada es un legado de la ciencia que las personas pueden y deben utilizar para leer la prensa, formarse criterios y juzgar sobre estos temas. Los ciudadanos también debemos ser responsables y no dejarnos arrastrar por las primeras palabras sin juzgar la calidad de lo que se argumenta.

La secuencia de una argumentación consistente es muy sencilla: a la afirmación o negación que llamamos “tesis”, sigue un razonamiento acerca de ella,  a lo que se añade finalmente un conjunto de evidencias que sustentan ese razonamiento. El error más común consiste en la omisión de las evidencias y presentar un razonamiento formalmente convincente, pero carente de validez y pertinencia. Y desde el punto de vista ético, la mayor transgresión se presenta cuando se selecciona arbitrariamente la evidencia que respalda la tesis, y se omite deliberadamente lo que la contraviene o refuta. 

En cuestiones tan cruciales como estas las autoridades no deberían permitir la supuesta libertad de las transgresiones a la ética, mediáticas y políticas, mediante la selección arbitraria e intencionadamente de las evidencias. Son cuestiones básicas de responsabilidad pública que se violentan con frecuencia. No dejarse atrapar por este tipo de periodismo es también parte de la responsabilidad individual de cada persona.

Voces que deberían ser escuchadas

La pandemia retó la validez de las organizaciones globales y los gobiernos, y ha puesto en entredicho y crisis a muchas de ellas, así como a la capacidad para dar una respuesta global a un problema de igual naturaleza. La evidencia más grande de la incompetencia generalizada se ha manifestado en la opción por dar una respuesta local al problema global.

Ahora con el tema de las vacunas, vuelven a plantearse las preguntas por la capacidad de los gobiernos y los Estados para atender la crisis desatada por la pandemia, y la fragilidad de las instituciones globales.

Sin embargo, no carecemos de institucionalidad y voces que pueden contribuir a evitar que se cometan errores graves, y que ayuden a una adecuada información y educación ciudadana. Entre ellas se encuentran las autoridades regulatorias en cada país, las asociaciones científicas, las academias de ciencias, los estudiosos de la bioética en el mundo y las redes de bioética. Un lugar especial corresponde a los comités internacionales y nacionales de bioética, que tienen la responsabilidad pública de contribuir a la promoción de una ética del cuidado, a la explicación de los dilemas, a la educación ciudadana y la comprensión humana.

Guardar silencio es el mayor de los errores, porque favorece la confusión, deja la ciudadanía indefensa, no contribuye a la toma de decisiones por los gobiernos, y deja las manos libres a quienes tomen caminos que pueden conducir a graves errores y consecuencias.

Carlos J. Delgado

14 agosto 2020